Siria tacha escalada de medidas coercitivas occidentales en su contra de “una nueva fase de terrorismo económico”

Ginebra, SANA

Siria reiteró su advertencia sobre las consecuencias de escalar y extender las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea en medio de la contingencia por la propagación de la pandemia del Covid-19, y denunció que estas medidas constituyen una nueva fase de terrorismo económico.

En su lectura a la declaración de Siria ante el Consejo de Derechos Humanos, el representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Hussam Addin Ala, criticó “la ampliación sin precedentes de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington y el aumento del número de los países que son blanco de las mismas”.

Consideró que la decisión de la UE de prorrogar las medidas coercitivas unilaterales contra Siria por un año más y la aplicación de Washington a la llamada “Ley César” durante la pandemia constituyen una nueva fase del terrorismo económico contra Siria, una acción adicional para obstaculizar los esfuerzos del gobierno sirio para reconstruir el país, restaurar la estabilidad y crear condiciones propicias para el regreso de los desplazados sirios a sus hogares.

En el mismo contexto, y por iniciativa de Siria, un grupo de Estados miembros de la ONU llamó al Consejo de Derechos Humanos a presionar a los países que recurren a la política de medidas coercitivas unilaterales para obligarles a responder a los llamamientos internacionales lanzados por el Secretario General de Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos para levantar estas acciones ilegales con el objetivo de posibilitar a los países que sufren tales medidas a enfrentar la pandemia del Covid-19 y su impacto económico y social.

Por otro lado, una declaración fue leída ante el Consejo de DDHH por el embajador Hossam Addin Ala, en nombre de un grupo de países que incluye además de Siria; a Rusia, China, Venezuela, Irán, Cuba, Camboya, la República Democrática Popular de Corea, Myanmar, Nicaragua y Zimbabue.

El documento denunció que tales medidas violan los derechos básicos de los ciudadanos de los países objeto, incluido su derecho al desarrollo, así como advirtió sobre sus efectos negativos a la luz de la propagación de la pandemia del Covid-19, así como su rol en socavar la eficacia de los sectores económicos y de servicios de los países víctimas.

Enfatizó que las restricciones sobre el acceso a productos e insumos básicos como los equipos médicos y alimentos son “actos violatorios del derecho internacional y los convenios relacionados con los derechos humanos que prohíben cualquier tipo de medidas coercitivas unilaterales o sanciones”.

Denunció la inacción de los países pro sanciones ante los llamamientos internacionales para consolidar la solidaridad frente a la pandemia, y la continuación de las medidas coercitivas que afectan los empeños de desarrollo económico y social y limitan la capacidad de las organizaciones internacionales para brindar asistencia humanitaria a los países objeto.

El embajador Ala tachó las alegaciones estadounidenses y europeas de exceptuar a algunos países de las sanciones de “no más que un pretexto para encubrir las medidas poco éticas destinadas a socavar la vida cotidiana de los sirios, cuyos efectos negativos alcanzan también el trabajo de las organizaciones y agencias humanitarias que operan dentro de Siria”.

Concluyendo la declaración, Ala instó al Consejo de Derechos Humanos que responsabilice a los países pro medidas coercitivas con las consecuencias legales y morales de sus acciones.

la/fm

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